En verano del 2000, la Corte Suprema de EEUU, tras considerar la protesta de un muchacho judío que alegaba razones de conciencia, prohibió rezar el Padrenuestro antes de los partidos de fútbol celebrados en las escuelas públicas. A las pocas semanas, el Washington Post sacaba una noticia que refleja muy bien la concepción de la política que tiene ese país: en una escuela pública del Estado de Missouri, en perfecto acatamiento de la ley, el director renunció a rezar el Padrenuestro valiéndose de los altavoces de la escuela. Sin embargo, varios de los jugadores comenzaron la oración, que fue secundada por el público desde las gradas, con ayuda de la emisora de radio local. En el intervalo existente entre la prohibición de la Supreme Court y la celebración del partido de fútbol, habían surgido dos asociaciones: “We Still Pray” (Nosotros todavía rezamos) y “No Pray No Play” (Sin oración no hay juego).

La anédota refleja no sólo ese espíritu asociacionista del pueblo americano, que ya llamara la atención de Tocqueville, sino también su concepción de la política: el contenido del espacio público lo decidirá la libertad de los ciudadanos, a solas o asociados con otros. Que el contenido de esa libertad de expresión y asociación sea la religión es, hasta cierto punto accidental, sólo hasta cierto punto, porque la propia tradición política americana no puede dejar de lado su deuda, no ya con el deísmo de los Founding Fathers, sino con el cristianismo de los primeros colonos. Así, el mismo presidente no tiene inconveniente en recitar salmos en sus comparecencias públicas.

Caso francés

Muy otra es la concepción que de lo público se tiene en  Francia, país que sigue ejerciendo su influencia sobre España. La reciente prohibición de llevar signos religiosos ostensibles en las aulas es consecuente con una manera de concebir “lo público” que, más que hijo de la Revolución, se remonta a los tiempos del despotismo ilustrado. Cuando llegamos a temas religiosos, Francia considera que el contenido -o la falta de contenido- del espacio público ha de ser definido por la ley, ni más ni menos que antes, en tiempos de Luis XIV, lo era por el Rey; por consiguiente, que la ley gobierna no sólo las instituciones públicas, sino el comportamiento exterior de los ciudadanos.

Queriendo romper con la tradición, Francia terminó con la monarquía y con la religión, pero no con su concepción de lo público. Al Rey sucedió la ley, y al estado confesional católico un estado confesionalmente laicista, que quiso imponer el culto a la diosa razón. Presuntamente universal, esta diosa no podía comprometerse con ninguna tradición ni religión particular. En este espíritu, el espíritu de sus pensadores ilustrados, Francia reconoció los derechos del hombre y del ciudadano, pero de un ciudadano abstracto, cuya religión no podía trascender al espacio público.

En su libro Sobre la Revolución, Hannah Arendt señaló la diferencia entre la concepción americana y francesa de lo público señalando cómo, para los americanos “la palabra pueblo tuvo siempre el significado de mayoría, de la variedad infinita de una multitud cuya majestad residía en su misma pluralidad. La oposición a la opinión pública, es decir, a la potencial unanimidad de todos, era una de las cosas que se mostraron totalmente de acuerdo los hombres de la Revolución americana; ellos sabían que en una república la esfera pública estaba constituida por un intercambio de opiniones entre iguales y que dicha esfera dejaría de existir en el momento mismo en que dejase de tener sentido el intercambio, debido a que todos tuviesen la misma opinión. En sus discusiones nunca se refirieron a la opinión pública –como invariablemente hicieron Robespierre y los hombres de la revolución Francesa- para dar más fuerza a sus propias opiniones; a sus ojos el gobierno de la opinión pública era una forma de tiranía (p.94).

España no es Francia

A pesar de la persistente influencia de Francia en algunos de nuestros intelectuales y políticos, España no es Francia. Ciertamente, tampoco es Estados Unidos. No sin ciertas reservas, pienso que nuestro caso es más similar al de Alemania, que representa un tercer modo de afrontar el problema de las relaciones entre politica y religión.

Alemania, en efecto, afronta el tema religioso no desde la perspectiva de los derechos individuales (como tienden a hacerlo los americanos), ni desde la perspectiva de una razón abstracta desligada de la historia —como los franceses—, sino más bien destacando la conexión existente entre religión y cultura. Es así como, marcada por su tradición romántica, Alemania tiende a subrayar la importancia que, tanto para los individuos como para los pueblos, tiene la expresión pública de la propia identidad. Sabe que la identidad nos la jugamos a menudo en detalles como los símbolos; por eso, hasta tiempos recientes, solía respetar el hecho de que las mujeres musulmanas llevasen velo. A pesar de que este hecho dio lugar a ciertas discrepancias, en ningún caso éstas alcanzaron las surgidas en Francia. Por otro lado, tiene una conciencia muy clara de su propia identidad cultural, y, por esa razón, no ve inconveniente en mantener los símbolos cristianos, que han definido su historia como nación.

Se objetará que el argumento de la “identidad cultural/religiosa” no puede ser esgrimido en el caso del velo, porque —en la medida en que este es símbolo de sujeción de la mujer al varón—, colisiona un derecho humano más fundamental. El asunto no es fácil para nosotros, desde el momento en que, fieles a nuestra tradición occidental, intentamos resolver los asuntos no por la fuerza de los hechos, sino que intentamos amparamos en argumentos.

Entre nosotros, la presencia de un número de mujeres musulmanas que desean llevar velo, en la medida en que el legislador asume el sentido que el velo tiene en la religión musulmana, plantea un conflicto con los derechos reconocidos en la Constitución; un conflicto que no se soluciona sólo porque en muchos casos son las mujeres musulmanas — y no sus padres, ni sus maridos— las que desean llevar el velo: eso tal vez solucione el problema en Estados Unidos (donde posiblemente el legislador no entra en averiguaciones acerca del sentido que el velo tiene para los musulmanes), pero no tiene por qué funcionar allí donde la legislación refleje la idea de Rousseau según la cual ningún individuo tiene derecho a esclavizarse a sí mismo.

La tozuda reiteración de un mensaje

Con todo, el auténtico problema reside precisamente en que quienes enuncian el la situación en términos de derechos humanos o el deber de no esclavizarse a sí mismo lo hacen en el marco de unas instituciones occidentales, con un vocabulario y desde una mentalidad occidentales, en los que se da por sentado que la religión ha de someterse a criterios racionales independientes —en última instancia consensuados en las declaraciones de derechos—. Pero semejante separación entre autoridad civil y religiosa no encuentra reflejo en el Corán y, al menos desde Averroes, la relación fe-razón es también particularmente problemática para el Islam.

Ante este hecho, nuestra clase intelectual (a los políticos, apremiados por el tiempo, no se les pide más) no parece disponer de más argumentos que la repetición insistente de los derechos fundamentales: como si la tozuda reiteración de cuatro frases tuviera la virtualidad de convencer “racionalmente” a los musulmanes indecisos. Y es que desarrollar una argumentación consistente no podría hacerse sin reflexionar acerca de las deudas de la cultura occidental con el cristianismo: pues la misma posibilidad de un pensamiento y un estado laicista, hostil a la religión, no se entiende si el pensamiento europeo no hubiera sido antes fecundado por una religión como la cristiana, que al fijar su mirada en un Dios que, al hacerse hombre, revaloriza de modo insólito todo lo humano.